La Biblioteca Pública como derecho cultural
Cuando hablamos sobre Bibliotecas Públicas, Libros y Lectura muchas veces hemos sido calificados de idealistas, de enarbolar una causa perdida, de luchar por algo que “a nadie importa” de querer consolidar algo cuya tendencia a desaparecer es inevitable, sin embargo el lenguaje que usamos es para contagiar y/o enamorar de esta noble y desinteresada institución, de este objeto (en cualquier formato) y está actividad (fundamental para humanizarnos).
Todo el trabajo que realizamos como Bibliotecarios y Mediadores de Lectura lo enfocamos si, a cambiar nuestro entorno, pensando que al hacerlo mejoramos a la sociedad y al mismo tiempo protegemos a quienes amamos (lo siento ya empecé a coquetear) pero detrás de estos trabajos existen “razones académicas, legales y sociales que sustentan nuestras expresiones y actividades y actuamos conforme lo dictan los especialistas dando como sucede en la práctica en todas las Bibliotecas Públicas, Salas de Lectura y Paralibros de México un enfoque personal lo que enriquece nuestra labor en todos los rincones del país.
Muestra de lo anterior es el siguiente texto que fue expuesto por Rosa María Martínez Rider en el Quinto Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: Hacía una consolidación de los Servicios Bibliotecarios, en 2005:
Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y existe una importancia social de las bibliotecas públicas para que el ciudadano ejerza esos derechos en la educación, la información y la participación en la vida cultural de las comunidades.
El siglo XXI se caracteriza por las transformaciones profundas que experimenta la sociedad, en la cual, los cambios son acelerados y vertiginosos, ejemplos se hallan en la política (crisis de la izquierda, la nueva derecha), la economía (desregulación, cambios en el trabajo y el empleo), la ciencia (investigación por regiones del conocimiento, los estudios en biología y medicina), la tecnología (viajes al espacio), la cultura (cambio de valores) y la educación (aprendizaje centrado en el alumno). Han cambiado las formas tradicionales de relación entre los miembros de una familia, los profesores y los estudiantes, el bibliotecario y los usuarios. Entonces, las modificaciones se reflejan también en las estructuras bibliotecarias. Por ejemplo, en el uso de las tecnologías de información y comunicación, que han venido a agilizar las formas manuales de catalogación y clasificación o en el tipo de servicios que se ofrecen a los usuarios, pero que han generado otro tipo de problemas, como la capacitación del personal bibliotecario, como el mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo o los virus en la Red.
Las necesidades de los sujetos se clasifican en básicas, afectivas y culturales, todas se relacionan dialécticamente. Una necesidad básica es la salud, que afectivamente se traduce en seguridad emocional y permite a su vez, la inclusión social, pues por ejemplo, el SIDA provoca rechazo y marginación social, a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones para que los enfermos no sean discriminados.
De tales necesidades se derivan todo tipo de problemas y paradójicamente en este siglo, en este momento histórico donde avanza el conocimiento a pasos agigantados, se siguen padeciendo desigualdades sociales, como la pobreza y el hambre, o culturales como el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y el racismo.
La biblioteca pública es una institución que debe coadyuvar a erradicarlas, pues su papel social es fundamental en el desarrollo de una región o país.
No obstante, para atenuar o dar respuesta a esta problemática, surge la política social “entendida como una actuación del gobierno en un determinado campo, es ...un ámbito de la política económica” . A través del trabajo y los servicios sociales, la política proporciona un ―conjunto de medidas que, afectando las estructuras de la sociedad, intentan modificar las contradicciones que en ella se generan. La cuestión es que esas políticas pueden o no cumplirse conforme a los esquemas sociopolíticos que se presentan.
Los Derechos Humanos se proclamaron en la ONU el 10 de diciembre de 1948, para que fueran protegidos en la libertad, la justicia y la paz. De particular interés son los artículos 26 y 27 que se describirán más adelante.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDEC) se estableció en 1966, creando el Comité que vigila las obligaciones de los países que firmaron el PIDEC, estableciendo compromisos de esta naturaleza.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena , en 1993, proclamó la indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los derechos humanos. La comunidad internacional se comprometió a conservar la universalidad de los mismos.
Un grupo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGS) de América Latina se reunió en Quito en el año de 1998, para exigir su cumplimiento y elaborar propuestas de agilización, pero aunque “La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos encargados de vigilar... en los hechos... son pocas las denuncias presentadas”. Por lo tanto, los derechos culturales, de los cuales forma parte la biblioteca deben ser extendidos a toda la población.
Dos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos son relevantes para la biblioteca pública:
El artículo 26 que señala ―Toda persona tiene derecho a la educación pues es un factor prioritario para contar con una sociedad lectora en los ámbitos de la gramática, la información y la digitalización.
El artículo 27 declara que ―Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten y esa vida cultural está muy ligada con los círculos de lectura educativa o recreativa, que brindan a los sujetos las posibilidades de generar opiniones argumentadas y sustentadas; conocer las diferentes posiciones en torno a cualquier tema científico, artístico o deportivo, y formar un pensamiento crítico pero a la vez propositivo.
El sociólogo francés Alain Touraine plantea que ―Los problemas culturales han tomado la delantera a los problemas propiamente sociales y ...la reivindicación de los derechos culturales tiene más fuerza que la de los derechos sociales.
La interpretación que se da a este comentario se refiere a que los problemas sociales como la pobreza, marginación y exclusión están directamente relacionados con el analfabetismo, con el poco acceso de la población a la educación formal, con la desinformación y la carencia de información. Se puede afirmar que la solución de varios problemas sociales está en función del ejercicio de los derechos culturales.
Apoyando lo anterior, Janusz Symonides reclama que aunque ―Los derechos culturales suelen enumerarse con los derechos económicos y sociales, reciben mucha menos atención y con suma frecuencia son completamente olvidados. Afirma que son una categoría olvidada; expresa que será difícil encontrar en las constituciones nacionales, un capítulo donde se traten exhaustivamente los derechos culturales, porque éstos no son objeto de debate.
No obstante, ya se proponen directrices para que los individuos participen en la vida cultural, como ―la promoción de la conciencia y el disfrute del patrimonio cultural de los grupos y minorías étnicas nacionales y de los pueblos indígenas. La cuestión central radica en equilibrar estos derechos, de acuerdo a las necesidades mencionadas, primero buscan sobrevivir y en virtud de lo prioritario, no hay interés ni preocupación por otras cosas como la lectura.
Ahí radica de nuevo la importancia social de la biblioteca pública para llevar la educación, el conocimiento y la información a las comunidades que sirve.
Expuesto a lo anterior, la pregunta que surge es: ¿Cómo definimos la cultura? ¿Qué significa y cómo la interpretan los individuos? ¿Por qué es tan importante la cultura en la sociedad? Se afirma que en principio es un concepto polisémico y complejo desde varias disciplinas sociales y humanísticas. Para el Consejo de Europa significa mucho más que las artes y las humanidades. Hoy en día “...abarca el sistema educativo, los medios de difusión, las industrias culturales” ligada a esta idea Rodolfo Stavenhagen afirma que la cultura no es sinónimo de patrimonio cultural o de bellas artes, abarca la ―totalidad de prácticas, significados y relaciones sociales que definen a determinado tipo de colectividades humanas y las distinguen de otras.
Entonces, es la que define los símbolos y los códigos del lenguaje para las interrelaciones personales o colectivas; la que pugna porque todos los ciudadanos se beneficien con la educación, la ciencia y la tecnología; la que invita a valorar los grupos minoritarios, étnicos y religiosos.
Una interpretación de Meyer-Bisch por Pablo Salvat B. identifica cuatro derechos culturales que son fundamentales:
1. Derecho al respeto de la identidad cultural, donde rescata las ideas de apertura, tolerancia y pluralidad a las diferentes formas de pensamiento, dentro de un mismo contexto histórico donde se construye el sujeto.
2. Derecho a la información, para que los usuarios tengan la capacidad de evaluarla, manejarla y esto se traduzca en tres aspectos: lo que el individuo va a encontrar en las librerías y bibliotecas, en formatos impresos, audiovisuales o electrónicos para apoyar su educación, su actividad familiar, laboral y ciudadana. La otra, proporcionada por los medios de comunicación donde los hechos son transformados en información. La que por ley tiene derecho a consultar sobre el sector público.
3. Derecho a la educación, la formación y la capacitación, que forman la personalidad y el desarrollo social. Se inicia con el proceso de lectoescritura, comprensión de la lectura, hasta culminar en el autodesarrollo de las habilidades de pensamiento, formación de usuarios en bibliotecas o archivos y así, generar la crítica como actitud epistemológica, es decir, con base en la duda, la problematización y la búsqueda de soluciones.
4. Derecho a participar en la vida cultural; aquí es fundamental el desarrollo de políticas públicas que posibiliten al usuario el conocimiento de los bienes o servicios de información y la participación ciudadana.
A causa de los contrastes y las contradicciones sociales en Acapulco, Guerrero, México y América Latina, es de vital importancia trabajar en este tema. Las bibliotecas y los archivos tienen una gran responsabilidad en el ejercicio de los derechos culturales de los usuarios, en especial la biblioteca pública, pues proporciona información precisa, pertinente y oportuna, permite la toma de decisiones y la resolución de los problemas cotidianos de los sujetos.
Y considerando que hay grados de interés por la lectura, la labor de estas instituciones es acercar a los usuarios potenciales al conocimiento, la información y desarrollo de sus capacidades.
J. Ricardo Vudoyra Nieto clasifica los derechos por generaciones: la primera corresponde a la vida y la integridad física; la segunda a los políticos; la tercera a los sociales, y la cuarta a los culturales. Sin embargo, hace hincapié en “El debate sobre la incorporación de [estos últimos] ...a nuestra Constitución ...es hoy en día uno de los más discutidos en los distintos ámbitos de la política” porque afortunadamente “se proponen como la nueva generación de derechos a incorporarse en los sistemas jurídicos e institucionales de los Estados” pero cuestiona si éstos realmente se protegerán.
La Constitución Política de nuestro país establece en el artículo 3º, el derecho a la educación y de forma implícita el artículo 6º el derecho de los ciudadanos a utilizar las bibliotecas públicas, reconociendo a una sociedad multicultural con variadas necesidades de información, dentro de la pluralidad de identidades de los inmigrantes y de los grupos indígenas.
Después de revisar los aspectos anteriores, se requiere de una política cultural en la cual la asistencia de la administración pública desarrolle y mejore los servicios bibliotecarios en todos los sectores sociales del país para que cumplan sus fines. Se reconoce el gran esfuerzo de las instituciones gubernamentales por dotar de infraestructura, colecciones, equipo y conectividad a las bibliotecas públicas del país, pero hace falta el trabajo de todos, en particular de bibliotecarios y de usuarios que asistan y consulten las colecciones documentales, pues la tarea es acabar con los contrastes que ponen en desventaja a ciertos grupos sociales.
Bruno Revesz está convencido de que las bibliotecas públicas ―son instituciones concretas que tienen vida y consistencia propia [con] ...un papel estratégico en la estructuración y el fortalecimiento de la sociedad civil y en la participación ciudadana. Son ...perennes a pesar de que su finalidad y su contenido puedan evolucionar, históricamente han sido las promotoras del desarrollo en países tales como Estados Unidos o Brasil, ya que son democráticas y multiculturales por excelencia, pues tiene las siguientes características:
1. Usuarios heterogéneos: amas de casa, estudiantes, obreros, campesinos, carpinteros, académicos o investigadores entre otros, pues existe una múltiple tipificación de usuarios. Cualquier sujeto que desee disfrutar de una novela clásica, encontrar más información sobre las semillas o fertilizantes, sobre el diseño base de una mesa, una silla, informarse sobre la equivalencia del peso respecto al dólar, podrá saberlo en la biblioteca, el problema es que por distintas circunstancias, muchas personas no lo saben.
2. Tienen derecho a utilizarla los sujetos de cualquier sector social sin distinción de raza, género o religión, los cuales leen como se mencionó, por diferentes razones, atendiendo a sus necesidades específicas de información.
3. Sus colecciones abarcan información impresa, audiovisual o electrónica, ampliando la gama de posibilidades de hallar información en diferentes soportes documentales.
4. Se accede al conocimiento local, la historia, costumbres, tradiciones, al patrimonio cultural y al global, mediante las tecnologías de información y comunicación.
5. Proporciona servicios de información gratuitos a la población (a excepción del fotocopiado), pero desafortunadamente este hecho no se valora en México.
La biblioteca pública en un régimen democrático tiene las funciones de proteger los derechos humanos, en especial los culturales; coadyuvar a disminuir los contrastes sociales, brindando información en igualdad de condiciones a todo el usuario que lo solicite; garantizar el derecho a la información en dos sentidos: el acceso a ésta para el desarrollo personal y además, la información solicitada por un ciudadano sobre el uso y distribución de los recursos proporcionados a las bibliotecas públicas; apoyar la educación y la alfabetización, pues las bibliotecas sólo tienen razón de ser si sus colecciones son capaces de satisfacer las necesidades de información de los usuarios; promover el hábito de la lectura, ya que si no se dominan estas habilidades básicas, para los usuarios no tendrá sentido acudir a una biblioteca; conservar el patrimonio documental que le compete, y apoyar a las empresas y organizaciones no gubernamentales de la localidad.
Asimismo, Felipe Meneses plantea la función de solidaridad pues las bibliotecas públicas son “centros socioculturales” donde se refuerzan los valores en esta época en que no termina el ultraliberalismo.
Al cumplir sus características asume su papel de desarrollo para el sujeto, las comunidades y la sociedad en general. Al permitir que cualquier ciudadano esté en igualdad de condiciones, se dará la inclusión social porque estarán informados.
Por lo tanto, la biblioteca pública brinda autonomía, seguridad, mejor nivel de vida, porque nunca se deja de aprender sobre algo y una mejor participación ciudadana, con sólidos argumentos para el debate o el diálogo. Se convierte en la memoria de una localidad, región o país, que posee una identidad cultural. Así cumple con la función de cohesión social.
En nuestro país, las bibliotecas públicas tienen tres categorías de problemas: legislativos, culturales y de financiamiento.
En lo que refiere a la legislación, existe la Ley General de Bibliotecas , de la cual Felipe Meneses y Óscar Maya Corzo señalan que “en el marco del orden normativo mexicano, es una norma constituida al nivel federal para regular bienes culturales materiales concretos de interés público” pero, dada su fecha de aprobación, es necesaria “la elaboración de una nueva iniciativa de ley [de bibliotecas públicas] donde haya una más elevada participación reflexiva de los profesionales de la bibliotecología” para que se conviertan en actores dinámicos de los replanteamientos y de propuestas nuevas.
Asimismo, las leyes de Transparencia impactan el quehacer de este tipo de biblioteca porque deben contar con archivos clasificados en los términos que éstas establecen sobre la información reservada o confidencial y rendir cuentas de su manejo a la sociedad.
Por último se deben integrar y relacionar todas las leyes, reglamentos o decretos que traten sobre cuestiones bibliotecarias y documentales, como la Ley de Bienes Patrimoniales.
Los problemas culturales de la biblioteca pública están relacionados con la alfabetización en lectoescritura, informacional y digital para acceder al conocimiento y la información. Los cambios tecnológicos llevan a desarrollar nuevas habilidades informativas. Además no hay cultura de investigación y educación continua, posiblemente por la saturación de actividades y la gran oferta al respecto. Se debe trabajar muy duro en la atención a grupos minoritarios para satisfacer sus necesidades de información, aunque el sector gubernamental ha hecho grandes esfuerzos, pues la biblioteca pública suple a la escolar en nuestro país.
Para brindar servicios de calidad son necesarios los recursos, la infraestructura y el financiamiento. Dotar de colecciones impresas representativas que resuelvan los problemas de información de todos los ciudadanos.
Contar con servicios de consulta para cumplir con las funciones de orientación y guía personalizada a los usuarios. Que las tecnologías de información y comunicación sean suficientes para atender todos los requerimientos del usuario y formar o capacitar recursos humanos en bibliotecología.
La biblioteca pública debe ser impulsada y tomar una posición importante y prioritaria en la sociedad mexicana.
Conclusiones
1. Hay que redefinir socialmente a la biblioteca pública.
2. Trabajar desde la perspectiva social y cultural, además de la política.
3. La biblioteca pública es factor de libertad, identidad, solidaridad y democracia.
4. La biblioteca pública coadyuva a recuperar los valores cívicos, políticos y sociales.
5. La biblioteca pública debe cumplir con normas de calidad en la formación de usuarios y los servicios de información.
6. Se debe revisar la legislación para cumplir con el derecho a la información y garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
